Los críticos de una actividad minera de grandes dimensiones a cielo abierto reflotaron una concesión realizada para explorar y explotar oro, en 2005, en la zona del volcán Domuyo, para actualizar su oposición a lo que llaman “mega-minería”, y denunciaron como dato preocupante (para otros es una buena noticia) que se ha detectado hasta 47 gramos de oro por tonelada.

Los opositores a la actividad minera por entender que es contaminante se reunieron en Varvarco, el sábado. Del encuentro participaron el diputado Rodolfo Canini (MUN), la diputada Paula Sánchez (Libres del Sur), concejales y funcionarios de Chos Malal, y también representantes de la Universidad Nacional del Comahue.

Según la información que se brindó en esa reunión, el Estado neuquino cedió en el año 2005 casi 30 mil hectáreas en la zona de “Los Bulillios”, entre Varvarco y el volcán Domuyo, a la empresa Rome Resources Ltd. para la explotación de un emprendimiento en busca de oro.

La firma, se informó, es de capitales canadienses, opera en Mexico y en la Argentina, y tiene concesiones en Córdoba y San Luis, además de Neuquén.

Canini refirió que la propia empresa “ha publicado en su sitio en Internet, que de dos muestras han obtenido un resultado de 20 gramos de oro en la tonelada en un sector y en la otra, 47 gramos en la tonelada”.

Explicó que  esto “puede ser muy atractivo para inversores que financien el emprendimiento, considerando que en Andacollo el promedio es de 10 gramos en la tonelada”.

A entender del legislador, “con estas condiciones los capitales trasnacionales no dudarían un segundo en instalarse en la zona para extraer el mineral, sin importar las consecuencias ambientales y sociales que puedan provocar”.

La movilización opositora fue explicada en razón de que en la zona de la explotación “hay numerosas muestras de arte rupestre, y si se pone en marcha el emprendimiento minero, correrían riesgo de desaparecer”.

También se destacó que en la zona norte de la provincia  año tras año va creciendo la actividad turística, y “sobre todo en el volcán Domuyo”. Canini consideró que, “con la puesta en marcha de un proyecto mega minero, terminará con todas las demás actividades económicas, además del turismo”.

Canini y Sánchez presentaron un proyecto de Resolución para que la cámara solicite información al Poder Ejecutivo, verificar si existe un contrato entre la empresa y el Estado Provincial y si se realizó un estudio de impacto ambiental.